Cinco meses después de su aprobación, la Ley de vivienda sigue sin desplegar el efecto que más alentó el debate en torno a la norma: los controles de alquiler.

La apabullante victoria del PP en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, con el consiguiente giro a la derecha de la mayoría de gobiernos autónomos, ya auguraba poco futuro para esta medida en las 12 comunidades autónomas dominadas por la derecha, enemiga declarada de la contención de rentas.

Entre las cinco restantes, donde sí sería posible, solo Cataluña ha dado pasos en firme para poner topes de los arrendamientos. Pero se ha encontrado con otro obstáculo: falta definir los índices de precios de referencia. Este paso, que el Gobierno espera completar antes de acabar el año, ha provocado tensiones con la Generalitat, que denuncia un ‘retraso injustificado’ y una ‘voluntad dilatoria’.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana resta importancia a las críticas de Cataluña e insiste en que ‘la metodología del índice ya está muy avanzada’. Una vez consensuada esta, solo restará la ‘implementación’ operativa del índice, por lo que se espera que esté listo antes de la llegada de 2024.